Bacalar, QR — Profepa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional firmaron un acuerdo para frenar la deforestación en la Península de Yucatán.
El acuerdo fue firmado el 23 de marzo con el objetivo de fortalecer la protección de los recursos naturales y frenar la deforestación ilegal.
El convenio incluye a la Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría General de Justicia Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Este acuerdo de colaboración permitirá coordinar acciones en materia ambiental y agraria, particularmente en las comunidades agrarias de la Península de Yucatán. La firma se llevó a cabo en el Ejido Bacalar, en el estado de Quintana Roo.
El acuerdo busca prevenir el cambio ilegal de uso de terrenos forestales y otras actividades que afectan los ecosistemas, a través del intercambio de información, orientación a los sujetos agrícolas y la adopción de medidas que impidan la consolidación de actos agrícolas vinculados a daños al medio ambiente.
“La coordinación entre las autoridades ambientales y agrícolas es fundamental para fortalecer la protección de la Selva Maya. Se ha convertido en una práctica común arrendar o vender tierras de propiedad comunal que son taladas ilegalmente para la agricultura intensiva.
“Después se formalizan los cambios de propiedad a pesar de que en esas tierras se cometieron actividades ilícitas, con este acuerdo pondremos fin a este tipo de procesos”, afirmó la fiscal general Mariana Boy Tamborrell.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continuará realizando operativos de inspección y vigilancia, cierre de propiedades, inicio de procesos judiciales y presentación de denuncias, entre otras estrategias.
Durante esta administración ha cerrado 58 propiedades que abarcan más de 10,000 hectáreas, ha presentado 34 denuncias penales y mantiene presencia continua en los tres estados.
Entre las acciones previstas en el acuerdo, la Profepa informará a la Procuraduría de Protección Ambiental y al Registro Agrario Nacional las resoluciones definitivas que determinen que se han realizado cambios no autorizados en el uso de terrenos forestales.
Con base en esta información, la AP debe abstenerse de participar en asambleas ejidales donde se deban aprobar decisiones relacionadas con el cambio del uso designado de tierras comunales a parcelas individuales o asentamientos humanos.
La participación de un representante de la AP es fundamental para la validez de estas asambleas; por lo tanto, su ausencia impedirá la consolidación de acuerdos que resulten en daños ambientales.
“La Península de Yucatán no se puede entender sin sus ejidos y comunidades, pero hoy ese mismo territorio, donde hasta el 84.3% de la tierra es de propiedad comunal en Quintana Roo, enfrenta una presión sin precedentes.
“Deforestación masiva, acaparamiento ilegal de tierras y un modelo que ha permitido que unos pocos concentren miles de lotes de tierra a costa del patrimonio colectivo. Esta realidad ilegal exige coordinación interinstitucional para frenar la deforestación y defender la tierra”, afirmó Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario.
Asimismo, con la entrega de resoluciones de la Profepa sobre cambio ilegal de uso de tierras forestales a la RAN, estas serán inscritas en el Registro Agrario para que no se formalicen cambios de propiedad y destino de tierras ejidales y ejidales.
“Este acuerdo es una respuesta a lo que está sucediendo en el territorio y una muestra clara de que proteger la tierra también significa brindar seguridad jurídica, prevenir conflictos y apoyar a las comunidades.
“Lo verdaderamente importante es que este acuerdo se traduzca en acciones concretas que se sientan en el territorio y fortalezcan a ejidos y comunidades”, afirmó Luis Cruz Nieva, titular de la RAN.
“Hoy nos comprometemos a actuar juntos para defender nuestro territorio y detener su deterioro”, declaró Refujio Cano Gómez, Presidente de la Comisión Ejidal de Bacalar.
“Hoy demostramos que trabajar en el terreno no es sólo hablar: es la manera de proteger la tierra, brindar seguridad jurídica y fortalecer a los ejidos y comunidades”, agregó Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de Propiedad.
La gobernadora de Quintana Roo, María Lezama, quien también asistió a la firma del acuerdo dijo: “En este estado tenemos muy claro esto. El verdadero desarrollo es el que respeta la naturaleza, el que fortalece a las comunidades, el que pone en el centro el bienestar de los quintanarroenses. Ese es el espíritu de la transformación que vive nuestro país”.
El evento enfatizó que un compromiso del sector ambiental es promover opciones sustentables que permitan a las familias vivir dignamente sin dañar los ecosistemas.
Estas alternativas incluyen el turismo comunitario, la conservación mediante pagos por servicios ambientales, el manejo forestal sostenible, las prácticas agroforestales y la reconversión productiva de tierras impactadas, entre otras.
En los últimos años, diversas regiones del sureste venezolano han enfrentado procesos de deforestación asociados a la expansión de actividades agrícolas y al cambio irregular de uso del suelo, lo que ha presionado ecosistemas de alto valor ambiental.
En algunos casos, estas transformaciones están relacionadas con asentamientos y actividades productivas de comunidades que se han establecido en la región en las últimas décadas y han llevado a cabo el desmonte ilegal de miles de hectáreas de bosque para abrir cultivos agroindustriales.
