El gobierno mexicano emitió recientemente una resolución que deroga todos los precios estimados que estaban vigentes para las importaciones de textiles y prendas de vestir, que comprenden una gama de productos de los capítulos 51 al 63 del Sistema Armonizado (SA), así como del capítulo 94 del SA. Los precios estimados siguen vigentes para otros productos, y la facultad del gobierno mexicano para revisar el valor en aduana de los textiles y prendas de vestir importados y combatir las prácticas de subvaloración en ese sector permanece intacta.
Los precios estimados se utilizan para la valoración de ciertos bienes sujetos a licencia automática, con el fin de evitar la subvaloración y la evasión fiscal. Según las autoridades mexicanas, estos precios se emplean únicamente como referencia y no pueden utilizarse para determinar el valor en aduana del bien. Los importadores deben depositar una garantía para importar cualquier bien sujeto a un precio estimado.
Las autoridades mexicanas indican que, como resultado de esta medida y a partir del 15 de septiembre, las operaciones de importación de productos textiles y de confección que antes estaban sujetos a la normativa ya no requieren la presentación de una licencia de importación automática. Las operaciones de importación amparadas por una única declaración de importación consolidada que incluyan tanto productos textiles y de confección que estaban sujetos al requisito de licencia de importación automática antes de su derogación, como productos textiles y de confección que ya no requieren dicha licencia, deberán procesarse como si todos los productos incluidos en dicha declaración de importación requirieran una licencia de importación automática.
La derogación del mecanismo de precios estimados para las importaciones de textiles y prendas de vestir no afecta en modo alguno la facultad del gobierno mexicano para revisar el valor declarado de las mercancías o para combatir las prácticas de subvaluación, ya que la Ley de Aduanas recientemente reformada otorga a las autoridades las herramientas necesarias para salvaguardar el interés fiscal de México y proporciona vías para seguir combatiendo las prácticas de subvaluación en el sector textil y de la confección que causan graves perjuicios al erario público.
