Ciudad de México, México — El Senado de México aprobó la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador después de horas de debate y un cambio de sede. La demora se debió a los miles de manifestantes en las calles, decenas de los cuales irrumpieron en el edificio el martes por la noche.
Después de casi 12 horas, la reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, por lo que ahora pasará al Congreso del Estado. La reforma, que necesita ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley, es una de las más polémicas de los últimos años.
De aprobarse, la nueva ley implicaría la elección de ministros, jueces y magistrados mediante votación popular. La aprobación de la reforma se produjo después de que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lograran una mayoría calificada, dos terceras partes del Senado.
En conferencia de prensa posterior, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el siguiente paso es que cada uno de los Congresos estatales analice, discuta y vote a favor o en contra de la iniciativa de reforma judicial. Para que esta propuesta avance y se haga oficial, se requiere que 17 de los 32 Congresos estatales voten a favor.
Los puntos principales de la propuesta establecen que los jueces federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán ser elegidos por voto popular. La reforma también plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y reducir su periodo en el cargo de 15 a 12 años.
Otro de los puntos establecidos en la reforma del Poder Judicial implica la realización de dos elecciones para renovar los cargos dentro de ese Poder del Estado. La primera de ellas sería extraordinaria y se llevaría a cabo en junio próximo, mientras que la segunda elección se llevaría a cabo en 2027.
Los opositores dicen que la reforma judicial propuesta por López Obrador es una maniobra para tomar el control del Poder Judicial, el único organismo que podría impedir que Morena y sus aliados reformen la Constitución tras su aplastante victoria en las elecciones de 2024.
El martes por la mañana, antes de la sesión del Senado, López Obrador defendió su propuesta de reforma diciendo que “cuando los jueces, magistrados y ministros sean elegidos (por los ciudadanos), tendrán que actuar con integridad.
“Tendrán como líder al pueblo de México, al pueblo que es soberano en una república. (…) El juez ahora tendrá un comportamiento diferente porque no se sentirá influyente ni producto de influencias ni de nepotismo, sino que estará ahí, en ese puesto, por voluntad de los ciudadanos y se sentirá libre de poder impartir justicia, no tendrá compromisos con nadie”.
Durante su conferencia de prensa matutina del martes, dijo que quienes están en contra de la reforma judicial lo hacen porque protegen los intereses y privilegios obtenidos durante el período neoliberal.
López Obrador afirmó que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial expone a la opinión pública las anomalías y procedimientos irregulares en los que incurren jueces, magistrados y ministros.
“Es un tema que antes no se tocaba, era un tema vedado, todo lo relacionado con el Poder Judicial estaba en el limbo. (…) Ya hablé de cómo hemos ido depurando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de administrar justicia y de velar porque se respete la Constitución y las leyes”, expresó.
“En nuestro país, como parte de la crisis y de la decadencia, hemos llegado al punto en que este poder se ha convertido en el protector de las mafias del poder económico y del poder político. Entonces, se está limpiando de corrupción el Poder Ejecutivo, se está limpiando el Poder Legislativo, pero hay que limpiar el Poder Judicial porque está en mal estado”, agregó.
Foto: AMLO 10 de septiembre de 2024.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la corrupción en el Poder Judicial mantiene a cerca de 24 mil personas encarceladas y sin sentencia.
De ellos, dijo, 1,326 enfrentan procesos federales pendientes de entre cinco y 10 años, 2,488 reportan juicios de diez a 15 años, 767 tienen un proceso de 15 a 20 años y 232 personas privadas de la libertad llevan más de 20 años en un penal federal sin obtener una resolución.
