Riviera Maya, QR — Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han pedido a la Semarnat negar la solicitud de prórroga de la autorización actual. “Solicitamos al gobierno de Quintana Roo cumplir con la legislación en Materia de Impacto Ambiental para la restauración de playas en el norte del estado”, informó el Cemda, Centro de Derecho Ambiental de México.
Organizaciones de la sociedad civil, grupos ciudadanos y académicos expresamos nuestra preocupación ante las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, indicando que el proyecto de restauración de playas en la zona norte del estado avanzará sin una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Esto se basa en un permiso ambiental emitido en 2009 y una simple prórroga administrativa, a pesar de que las condiciones ambientales, regulatorias y territoriales han cambiado sustancialmente en más de quince años. Planteamos las siguientes preocupaciones:
Insuficiencia reconocida de la autorización ambiental vigente
Sólo el proyecto de restauración de playas en Cancún requiere de un nuevo proyecto ejecutivo y un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), porque el área actualmente propuesta (desde Playa Las Perlas hasta Punta Nizuc) no está cubierta por la autorización original.
Además, declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente indican que el proyecto estatal pretende incluir nuevos municipios como Puerto Morelos, confirmando que la autorización de 2009 no es legalmente suficiente para sustentar las obras planificadas.
Además, la ley mexicana exige que los EIA sean modificados o actualizados para proyectos ampliados, aquellos con cambios significativos o aquellos que han estado vigentes por más de 5 a 10 años, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-059-SEMARNAT.
Un proyecto regional con impactos intermunicipales
La restauración de playas del norte de Quintana Roo es un proyecto regional, no una intervención aislada. Involucra múltiples municipios con ecosistemas y marcos legales distintos, cuyos impactos están interconectados por la dinámica costera.
Entre los municipios involucrados se encuentran Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Isla Mujeres (incluyendo Costa Mujeres), Playa del Carmen y Cozumel, abarcando más de 30 kilómetros de costa.
Algunos de estos municipios se encuentran dentro del área de influencia de áreas naturales protegidas (ANP) a nivel federal, como el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, establecida en 2016 pero inexistente al momento de la autorización original.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) autorizado en 2009, originalmente limitado a los municipios de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, es material y jurídicamente insuficiente para sustentar la ampliación del proyecto a Puerto Morelos y la incorporación de 33.5 kilómetros adicionales de costa.
La magnitud, alcance territorial y condiciones ambientales actuales requieren la elaboración y presentación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental, no una simple modificación de la existente, incorporando estudios actualizados de batimetría, dinámica costera y volúmenes de arena, de acuerdo con los requisitos establecidos por la propia SEMARNAT.
Si bien la autoridad ha señalado que la evaluación se enmarca en el Plan Nacional de Restauración y ha considerado procedimientos de respuesta expedita para situaciones de emergencia, estos procedimientos no eximen a la entidad del cumplimiento total del proceso de evaluación ambiental, cuya resolución, de corresponder, se espera en el primer trimestre de 2026.
Cambios ambientales sustanciales desde 2009: El Caribe mexicano ha experimentado profundas transformaciones ambientales: aumento del nivel del mar, mayor intensidad de eventos hidrometeorológicos y la llegada masiva y recurrente de alga sargazo desde 2015, fenómeno que era inexistente en 2009.
Además, los arrecifes que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano se encuentran en condiciones críticas, ya que su cobertura ha disminuido del 19% al 13% desde 2009. El evento de blanqueamiento de 2023 fue el más severo registrado con aproximadamente el 40% de los corales gravemente afectados. Los corales restantes enfrentan amenazas cada vez más graves, de ahí la necesidad de protección y restauración.
También hay que considerar que desde 2009 se han creado nuevas áreas naturales protegidas y se ha fortalecido el marco de conservación marina y costera. Las variables antes mencionadas no fueron ni pudieron haber sido consideradas en la autorización original; por lo tanto, insistir en su validez contraviene el principio de precaución ambiental.
Falta de evaluación del desempeño del proyecto original
Es particularmente preocupante que no exista una evaluación pública integral del desempeño y el impacto ambiental del proyecto autorizado en 2009, a pesar de que múltiples secciones de la costa exhiben una erosión persistente o que empeora.
Además, es necesario verificar el cumplimiento de las condiciones de la autorización vigente. La acelerada pérdida de arena en Playa del Carmen demuestra que intervenciones mal diseñadas o insuficientemente evaluadas pueden exacerbar el problema en lugar de resolverlo.
Fragilidad ecológica y especies protegidas
Las playas de arena del norte de Quintana Roo son parte de un sistema ecológico altamente frágil e interconectado –playas, dunas, arrecifes y pastos marinos– esencial no sólo para el turismo sino también para la anidación de tortugas marinas, especies protegidas por la ley mexicana.
Cuatro especies principales de tortugas marinas migratorias anidan en la parte norte del estado: la tortuga verde, la caguama, la carey y la tortuga laúd. Estas especies se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies protegidas: Chelonia mydas está clasificada como en peligro de extinción, Eretmochelys imbricata como en peligro crítico, mientras que Caretta caretta y Dermochelys coriacea están categorizadas como vulnerables.
Estas tortugas anidan en las playas de Quintana Roo, lo que convierte a varias playas de la región en santuarios o campamentos de anidación de tortugas clave para su conservación. Diversas organizaciones y autoridades gubernamentales, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), llevan a cabo programas de protección que incluyen patrullajes en playas, reubicación de nidos a recintos protegidos y liberación de crías.
Además, las playas de Quintana Roo también albergan aves playeras como el correlimos pectoral, el vuelvepiedra rojizo, el pelícano pardo y el águila pescadora, las cuales se verían afectadas por este proyecto de restauración de playas, ya que dependen de hábitats arenosos para alimentarse y descansar.
Otras especies importantes incluyen la magnífica fragata y garzas como la garceta rojiza, cuyas zonas de alimentación se ven alteradas por la compactación de arena o la remoción de sedimentos.
Además, invertebrados como el caracol rosado, la langosta espinosa del Caribe y los cangrejos de playa habitan en las zonas intermareales y podrían sufrir mortalidad directa por maquinaria o pérdida de refugios durante la restauración. Estos organismos, algunos de los cuales figuran en la NOM-059-SEMARNAT, son clave para las redes alimentarias que sustentan a las tortugas y las aves.
Compromisos internacionales, derechos humanos y participación ciudadana
Implementar el proyecto sin un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podría violar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Constitución, así como el derecho a la información y participación ciudadana en materia ambiental, garantizado por la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú, del que México es Estado Parte.
También está en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente a las autoridades del gobierno de Quintana Roo:
Transparencia de la información y cumplimiento de sus responsabilidades, evitando conflictos de intereses e incurriendo en responsabilidad administrativa y ambiental. Elaborar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental Regional que considere las condiciones actuales de los ecosistemas costeros, la mitigación de impactos y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Incorporar información actualizada y aplicar la mejor ciencia disponible, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Instamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a negar la solicitud de prórroga de la Autorización de Impacto Ambiental vigente y a exigir la elaboración y evaluación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integral, regional y actualizado.
Además, solicitamos que garantice el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento sobre EIA y el Acuerdo de Escazú.
Finalmente, la agencia debe garantizar que cualquier decisión se base en la ciencia, la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, no en autorizaciones ambientales obsoletas.
La restauración de playas debe ser una solución real a largo plazo, no una fuente adicional de conflicto ambiental y social. Proteger los ecosistemas costeros de Quintana Roo es proteger el futuro del Caribe mexicano y sus comunidades.
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