Kinchil, Yucatán — Inspectores federales presentaron otra denuncia legal contra una empresa por quitar sellos para continuar trabajando. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerró el sitio en noviembre de 2025, sin embargo, fue ingresado ilegalmente y se reanudaron los trabajos.
Ante denuncias de comunidades locales, la Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa) realizó varias visitas de seguimiento y verificación al predio en Kinchil, Yucatán.
En el lugar los inspectores observaron que se desarrollaban actividades atribuidas a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO).
“Durante estas visitas se constató que se habían roto los sellos de cierre del sitio y maquinaria, impuestos por la Profepa como medida de seguridad en noviembre pasado por el daño a aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal, por lo que con base en estos hallazgos la Profepa amplió su denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).
El 9 de enero de 2026, personal de la Profepa realizó una inspección in situ y confirmó que no se había respetado la orden de cierre temporal total emitida el 12 de noviembre de 2025 y que continuaban los trabajos de preparación del terreno con maquinaria pesada.
La orden de cierre se emitió debido al cambio de uso de suelo en áreas forestales y la remoción total de vegetación forestal natural en aproximadamente 13,7 hectáreas, sin la autorización requerida.
Con base en estos hallazgos, se incautaron como medida cautelar una retroexcavadora y un bulldozer de orugas, utilizados para nivelar y excavar el suelo natural para la construcción de caminos y futuras naves industriales para la producción y cría de aves.
La maquinaria pertenece a una empresa de arrendamiento y estaba siendo operada por personal de una empresa constructora contratada por el dueño del inmueble.
Posteriormente, el 12 de enero, en otra visita de verificación, la Profepa acudió al lugar para verificar que la maquinaria incautada permaneciera en su lugar y que los sellos de cierre permanecieran intactos.
Durante esta inspección, personal de la empresa constructora presente en el lugar se negó a recibir y firmar la orden de verificación. Respecto a la maquinaria, sólo se localizó el bulldozer, sin los sellos de “propiedad asegurada” y en un lugar diferente al original.
La retroexcavadora ya no se encontraba en el lugar. Lo anterior constituye una grave y reiterada violación a las medidas de seguridad impuestas por esta autoridad ambiental. La Profepa procedió a reinstalar los sellos de seguridad en la maquinaria localizada.
Debido a las reiteradas violaciones a la orden de cierre y al manejo inadecuado de los bienes incautados, la Profepa presentó una adenda a la denuncia penal previamente interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 13 de enero. Además, la Profepa se reunirá con la FGR para dar seguimiento a este caso y velar por el cumplimiento de la ley.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso con la protección ambiental, el cumplimiento de la normativa ambiental y la atención de las denuncias ciudadanas, y continuará tomando las acciones necesarias para asegurar el respeto a las medidas impuestas por la autoridad ambiental.
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