Becanchén, Yucatán — Los funcionarios ambientales federales continúan su batalla contra la tala ilegal en la Península de Yucatán. El trabajo en otra propiedad se suspendió después de que los inspectores verificaran un desmonte ilegal.
La Procuraduría General de Protección al Ambiente (Profepa) impuso el cierre temporal total de un predio en el poblado de Becanchén. La propiedad fue clausurada luego de que inspectores detectaran el desmonte ilegal de 18,4 hectáreas de bosque sin la autorización correspondiente.
Como parte de su medida de seguridad, también se incautaron como medida cautelar maquinaria pesada, equipos y madera obtenida ilegalmente.
Según la Profepa (Procuraduria Federal de Protección al Ambiente), la inspección se realizó el 10 de abril en respuesta a una denuncia ciudadana presentada por ejidatarios de la comunidad agraria de Becanchén.
Durante la inspección, personal de la Profepa constató la remoción total de la vegetación natural en un área de aproximadamente 18.4 hectáreas de bosque semideciduo de mediana altura.
En el sitio se observaron evidencias de desbroce con maquinaria pesada, incluyendo suelo desnudo, restos de troncos, ramas y raíces de árboles, así como señales de derrape, nivelación y compactación del terreno.
Estas acciones resultaron en la pérdida de cobertura vegetal, fragmentación del ecosistema y alteración de los servicios ambientales que brinda esta área.
Además, se encontraron acopiadas 92 piezas de madera en rollo de diversas especies tropicales, con signos de haber sido recientemente aprovechadas.
Según quien asistió a la inspección, las actividades iniciaron el 7 de abril de 2026.
“Al momento de la inspección no se presentó autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para realizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que las actividades fueron consideradas ilegales”, dijo la Profepa en un comunicado del 20 de abril.
“Como consecuencia de lo anterior, la Profepa procedió al cierre temporal total del inmueble y al embargo cautelar de cuatro topadoras, un remolque, dos plantas eléctricas y las 92 maderas como medida para detener el daño ambiental e impedir la continuación de las actividades”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y sanciones aplicables.
Este último cierre es parte de la batalla en curso del gobierno mexicano para detener la deforestación ilegal en toda la Península de Yucatán.
A finales de enero, una empresa fue multada por destruir más de 13 hectáreas de selva, también en el estado de Yucatán. La misma empresa fue cerrada nuevamente a mediados de febrero y multada por continuar con la tala ilegal.
En marzo, la Profepa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional firmaron un acuerdo para frenar la deforestación en toda la Península de Yucatán. El acuerdo busca prevenir el cambio ilegal de uso de terrenos forestales y otras actividades que afectan los ecosistemas.
