Chichén Itzá, Yucatán — El gobierno federal de México se está preparando para presentar cargos penales tras el fracaso de las conversaciones. El viernes, las negociaciones con los trabajadores para reabrir el sitio arqueológico de Chichén Itzá fracasaron por segunda vez en una semana.
El viernes fue la segunda ronda de conversaciones que resultaron en un acuerdo fallido entre el gobierno y los trabajadores. Los artesanos descontentos que venden a los turistas y los guías turísticos de Chichén Itzá no pudieron llegar a un acuerdo, lo que resultó en el cierre continuo del sitio.
El sitio fue cerrado la noche del 18 de mayo después de que artesanos, comerciantes y guías turísticos no pudieran llegar a un acuerdo con funcionarios estatales y federales. Según el Consejo Indígena de Pisté Yucatán, el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y el gobierno estatal mantienen el sitio cerrado al público.
Omar Pérez Avilés, secretario general de Gobierno de Yucatán, quien encabezó la reunión, destacó que las conversaciones continuarán abordando inquietudes que incluyen el no desplazamiento de los artesanos de la zona arqueológica, incentivos a la producción artesanal y apoyo económico, así como la instalación de servicios de internet.
Dijo que el gobierno, a través del Patronato Cultura en coordinación con el INAH, ha mantenido conversaciones con los trabajadores desde el año pasado.
Sin embargo, debido al cierre de la carretera y la toma de las instalaciones de Chichén Itzá, el gobierno federal se prepara para presentar denuncias penales contra los líderes del movimiento.
Según la información, las demandas serían por daños a bienes federales además de la liberación de la boletería y el libre acceso al sitio arqueológico, actos que serían considerados como daño patrimonial a la nación.
