Isla Mujeres, QR – El estado ha confiscado un hotel de Isla Mujeres que se inaugurará en los próximos días. El martes, fiscales de Quintana Roo aseguraron la propiedad de Accor en Playa Mujeres en medio de acusaciones de despojo y corrupción.
El recién construido hotel SLS en Isla Mujeres continental está bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. Las autoridades confiscaron el hotel Playa Mujeres de 498 habitaciones por presuntos actos de despojo de terrenos y corrupción en sus permisos de construcción. El acceso al hotel ha sido restringido.
El hotel, que aún no está en funcionamiento, es propiedad de la multinacional hotelera francesa Accor. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que la denuncia surgió luego de que una investigación revelara que la empresa se había apoderado ilegalmente de terrenos adyacentes a su propiedad.
Según las autoridades, la empresa supuestamente reclamó el terreno para solucionar deficiencias en la infraestructura de su proyecto con el fin de cumplir con los requisitos legales para operar.
“La investigación sugiere que Hoteles SLS manipuló información en el proceso de obtención de permisos para asegurar la apertura de su resort”, dijo la FGE.
Los funcionarios estatales dijeron que las anomalías detectadas también incluyen la falta de infraestructura esencial como estacionamiento y acceso, incluidas salidas de emergencia, elementos necesarios para la seguridad y el bienestar de los huéspedes.
“Al no contar con estos elementos en su desarrollo, la empresa habría incurrido en el despojo de terrenos aledaños para simular que eran parte de su propiedad y así justificar la obtención de permisos de las autoridades locales”, se lee en el documento oficial.
Según la investigación de la FGE, Hoteles SLS presentó los terrenos adyacentes como si la propiedad les perteneciera. Las acusaciones de despojo se producen luego de engañar a funcionarios municipales y estatales que aprobaron los permisos de funcionamiento.
“La investigación tiene como objetivo esclarecer las irregularidades que facilitaron la obtención de permisos mediante presuntos actos ilícitos y evaluar su impacto en la comunidad y en los intereses del sector turístico local”, informó la FGE.
