Riviera Maya, QR — Se ha creado un comité especial para atender los más de 300 asentamientos irregulares del estado. El Comité Estatal para la Regularización de Asentamientos Humanos supervisará su regularización.
El Comité fue creado debido a 50 años de crecimiento desenfrenado que ha tenido un impacto tanto social como ecológico en el estado.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial Sustentable (Sedetus), afirmó que el Comité coordinará esfuerzos del gobierno, la academia y la sociedad civil para brindar seguridad jurídica y servicios básicos a miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.
Informó que de manera preliminar se han detectado 370 asentamientos irregulares en el estado, cifra que podría duplicarse una vez que se complete una revisión detallada.
Según Alonso Ovando, los municipios con más colonias irregulares son Cancún con 150, Isla Mujeres con 91 asentamientos, Othón P. Blanco con 37 asentamientos irregulares y Puerto Morelos con 16.
Alonso Ovando advirtió de la urgente necesidad de intervenir en estas zonas, calificándolas de “tierra de nadie” donde la falta de planificación propicia graves problemas como la violencia doméstica, la delincuencia y la trata de personas.
Ante el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado, Alonso Ovando destacó la alianza con la academia para generar políticas públicas basadas en la investigación científica y crear oportunidades para el desarrollo profesional de los estudiantes.
El Rector de la Universidad del Caribe, Lic. Xóchitl Carmona Bareño, celebró la creación oficial del comité liderado por Sedetus y reiteró el compromiso de la institución de aportar conocimiento con enfoque humanista y respaldo científico a través de su cuerpo docente de investigación y su Centro Interinstitucional de Investigaciones Aplicadas.
“El desarrollo territorial no puede concebirse únicamente desde la perspectiva de la infraestructura o la regulación, debe centrarse en las personas, sus comunidades y las condiciones de dignidad, equidad y sostenibilidad que merecen”, afirmó.
Durante el evento, la Dra. Christine McCoy, profesora investigadora de Unicaribe, presentó datos críticos sobre el área metropolitana de Cancún e Isla Mujeres donde el 30% de la población (unas 240.000 personas y 60.000 familias) carece de seguridad jurídica.
El investigador contrastó las dos realidades de la irregularidad: por un lado, asentamientos de migrantes de bajos ingresos con una necesidad genuina de vivienda y por el otro, desarrollos inmobiliarios producto de la especulación de desarrolladores y ejidatarios que venden lotes sin servicios ni autorización urbanística.
Como ejemplo, señaló que desde 1986 existen 135 fraccionamientos sin escritura de constitución municipal.
El análisis histórico del Dr. McCoy revela que el problema comenzó con la fundación de Cancún en 1970, cuando los trabajadores de la construcción vivían en campamentos no planificados. Para 2020, la ciudad había crecido hasta 14,5 veces su superficie original, superando por completo las proyecciones de los planes maestros.
Solo en 2019, dijo, se cerraron 11 desarrollos que cubrían 601 hectáreas y afectaban a más de 48.000 personas. El asentamiento también genera extrema inseguridad y violencia debido a la falta de presencia policial.
El Dr. McCoy enfatizó que las soluciones han fracasado durante cinco décadas no por falta de leyes, sino por falta de un sistema integrado.
“La información está fragmentada, cada municipio maneja datos diferentes y las soluciones siempre han sido reactivas más que preventivas, actuando cuando el asentamiento ya alberga a miles de habitantes”.
El Comité trabajará para abordar los problemas conocidos y crear asentamientos regularizados que puedan integrarse en sus respectivos municipios.
