Integrantes de los colectivos Madres Buscadoras de Quintana Roo e Xtabay bloquearon los juzgados penales orales de Chetumal por tiempo indefinido para exigir que se reponga una audiencia que, según denunciaron, ha sido aplazada en 17 ocasiones en un caso de presunto abuso sexual contra una víctima por parte de un servidor público.
La protesta también se intensificó luego de que María Patrón, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, denunciara haber sido agredida por un hombre que presuntamente trabajaba como elemento de seguridad privada de los juzgados.
Ante estos hechos, las manifestantes exigieron la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada, así como de la gobernadora Mara Lezama, para que atiendan sus demandas.
Denuncian agresión durante una protesta pacífica
María Patrón relató que el pasado miércoles las integrantes de ambos colectivos mantenían una manifestación pacífica en el exterior de los juzgados penales orales.
Durante la noche, mientras cenaban, observó que un hombre las estaba grabando con su teléfono celular. Ante esta situación, decidió grabarlo también.
Según su testimonio, el sujeto le exigió que dejara de grabarlo argumentando que no era servidor público. Cuando ella se negó, el hombre presuntamente le dio un manotazo para quitarle el celular, intentó golpearla nuevamente y la empujó hacia una puerta, donde habría intentado asfixiarla.
Las demás integrantes de los colectivos intervinieron para auxiliarla y lograron retener al presunto agresor hasta la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
De acuerdo con el relato de Patrón, los agentes ingresaron al hombre al edificio de los juzgados. Posteriormente, tras insistir mediante una llamada al número de emergencias 911, llegó una patrulla que se lo llevó, aparentemente en calidad de detenido.
La activista señaló que el hombre fue trasladado sin esposas y en el compartimento de pasajeros de la unidad oficial.
María Patrón presenta una denuncia formal
La presidenta de Madres Buscadoras de Quintana Roo informó que presentó una denuncia formal contra el presunto agresor, después de ser examinada por un médico legista.
Sin embargo, manifestó que hasta el momento desconoce si el hombre continúa detenido o si ya rindió su declaración ante las autoridades.
También explicó que, desde los juzgados, les comunicaron que el señalado era un trabajador externo. Como respuesta a lo ocurrido, únicamente recibieron una disculpa pública, situación que consideró insuficiente ante la gravedad de los hechos denunciados.
Exigen reponer audiencia aplazada en 17 ocasiones
Además de exigir que se investigue la agresión contra María Patrón, los colectivos mantienen el bloqueo para reclamar que se reponga la audiencia relacionada con un caso de presunto abuso sexual.
Según denunciaron, la diligencia ha sido diferida en 17 ocasiones, lo que ha prolongado el proceso y generado inconformidad entre las integrantes de las organizaciones.
Las manifestantes exigen que las autoridades judiciales atiendan el caso y garanticen que la víctima pueda acceder a la justicia sin más retrasos.
Por ello, advirtieron que mantendrán el bloqueo de los juzgados penales orales de Chetumal por tiempo indefinido, hasta obtener una respuesta a sus demandas.
Recuerdan anteriores agresiones contra madres buscadoras
Las integrantes de los colectivos señalaron que lo ocurrido no representa el primer episodio de violencia contra mujeres que participan en movilizaciones en Chetumal.
Recordaron que el año pasado integrantes de otro colectivo de madres buscadoras fueron agredidas físicamente por policías municipales durante una protesta en la que bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad.
Los nuevos señalamientos reavivan las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad de las mujeres que buscan a sus familiares y exigen justicia en Quintana Roo.
Mientras continúa la protesta, las organizaciones piden que se investigue la agresión denunciada, se esclarezcan las responsabilidades y se atienda el proceso judicial que motivó la movilización.
